Santander.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), César Nombela Cano, la presidenta de Wolters Kluwer España, Rosalina Díaz Valcárcel y la asesora del Gabinete del Ministro del Ministerio de Justicia y directora del encuentro, Loreto Bacariza Cebreros, han inaugurado el encuentro Una Justicia de futuro: III Edición que se celebra estos días en el Palacio de la Magdalena.
Nombela ha destacado que “un sistema de justicia adecuado y eficaz es fundamental para una sociedad democrática y de derecho”, de ahí la importancia del tratamiento académico multidisciplinar de este encuentro. Por su parte, Catalá ha criticado la demora en la reforma integral de la ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar del “consenso generalizado” sobre la necesidad de corregir las “insuficiencias flagrantes” que presenta la ley. Asimismo, ha señalado que no se trata de un debate actual, sino de “una demanda histórica que fue abordada de manera parcial en 2015, y que debe continuar hasta conseguir una reforma profunda que revise de manera integral nuestro proceso penal y que nos acerque al modelo europeo”. La modificación de esta ley, ha afirmado Catalá, “debe acabar de una vez por todas con los periodos interminables de instrucción porque, sin duda, perjudican la imagen de la justicia”.
En paralelo a esta reforma y a las nuevas funciones que, previsiblemente, adoptarán los fiscales, el ministro de Justicia ha considerado “conveniente promover una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para hacer frente a los nuevos desafíos que tendrá la Fiscalía”. Precisamente en relación a la Fiscalía, Catalá ha anunciado también la incorporación de una nueva institución europea, la Fiscalía Europea, que va a empezar a funcionar con “un ámbito limitado a la protección de los derechos financieros de la Unión, pero está llamada a colaborar en más actividades con el resto de las fiscalías”.
Por otro lado, respecto a la ejecución de las sentencias en España, Catalá ha manifestado la necesidad de que la oficina judicial esté “dotada de las capacidades para hacer más eficaz la ejecución de las sentencias declarativas”. Asimismo, ha considerado que se deben estudiar otros modelos para el régimen de comunicaciones y de notificaciones, porque “disponemos de un sistema tradicional que se ha visto superado por la realidad actual de las nuevas tecnologías”. Además, desde el Ministerio, ha destacado Catalá, “vamos a abrir un debate con las Comunidades Autónomas para establecer un sistema de gestión procesal común que supere los sistemas informáticos que tenemos en la actualidad”.
En su posterior comparecencia ante los medios, el ministro de Justicia ha destacado en relación a Cataluña que “el Gobierno de la Generalitat ha abandonado la defensa del interés general de los catalanes y, por tanto, el Gobierno central adoptará las medidas que correspondan ante cualquier actuación que promueva el incumplimiento de la legislación y de las sentencias del Tribunal Constitucional”. Además, Catalá ha resaltado que “el Gobierno está en condiciones de actuar en 24 horas” pero “los pasos han de ser progresivos porque son asuntos que están siendo objeto de análisis”.
Mesa redonda
La tercera edición de este encuentro ha continuado con una mesa redonda en la que han participado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, el fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, José Martínez Jiménez, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, Víctor Moreno Catena, y la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán Martín, como moderadora.
Ortega Benito ha destacado respecto a la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “sería necesario partir de un diagnóstico de la situación vigente, para ver cuáles son los defectos, las necesidades, las normas que se verían afectadas y cuáles son las partidas presupuestarias de las que vamos a disponer para llevar a cabo esta modificación”. Asimismo, Ortega ha señalado, a modo de ejemplo, que una de las primeras cosas que habrá que definir es “si vamos hacia un modelo acusatorio o hacia uno mixto”.
Por su parte, Marchena ha criticado las valoraciones jurídicas que realizan quienes redactan los atestados policiales: “En la actualidad aceptamos con naturalidad cosas, como los informes de ‘preimputación’, que en el pasado hubieran sido un escándalo”. Esta circunstancia, ha considerado Marchena, “está erosionando poco a poco el papel jurisdiccional, de tal manera que se está produciendo una abdicación del papel constitucional que se le reserva al juez de instrucción”.
Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Martínez Jiménez ha resaltado la preocupación de la Fiscalía sobre este asunto: “No podemos acudir solo a la fórmula simplista de dar la instrucción a los fiscales, pues detrás de ello lo que se encuentra es la desaparición del Juez de instrucción”. En consecuencia, ha insistido Martínez Jiménez, “de lo que hay que hablar es de un cambio del modelo de instrucción en el que el fiscal asume la faceta de la investigación y el juez de instrucción se ocupa de la garantía de derechos”.
Respecto a esta reforma, Moreno Catena ha argumentado que “el juez de instrucción debe asumir el papel de garante de los derechos, pero no puede tener al mismo tiempo el deber de investigar y acusar, pues esa doble función es constitucionalmente incompatible”.
Fotografía: Crédito UIMP 2017/Juan Manuel Serrano
