Sevilla. – Defender los derechos humanos en las cortes internacionales no es un camino fácil hoy en día, y los futuros profesionales de Derecho Internacional así lo han constatado en las primeras jornadas sobre protección judicial, celebradas esta semana, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla. Los tribunales tienen un sistema propio de trabajo en el que convergen los intereses de cada país y su legislación es complicada cuando se trata de colectivos especialmente vulnerables como son los niños, las víctimas de trata o los riesgos de amenazas ambientales y de salud pública. El curso, que lleva por título La protección judicial de los derechos humanos en situaciones de riesgos y amenazas y está dirigido por el catedrático de la Universidad de Sevilla, Pablo Antonio Fernández, ha sido inaugurado por la directora de la UIMP en Sevilla, Encarna Aguilar, ante casi un centenar de alumnos y tendrá continuidad el 5 y 6 de abril.
El miembro del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, Jorge Cárdenas, encargado de dar la conferencia inaugural del curso, ha abordado la problemática desde una perspectiva social y jurídica. Ha recordado que España va a ser examinada por la ONU en enero de 2018 y ha reclamado una especialización en psicología infantil para los jueces de los Tribunales de Primera Instancia de nuestro país. "Si el niño es la víctima de un caso, no se exige que el juez tenga formación específica para tratarle, en cambio, si el niño es el acusado, sí", ha apuntado Cárdenas. En su opinión, este es el principio de la vulnerabilidad jurídica de los derechos del niño en España que hay que corregir cuanto antes.
Asimismo, ha puesto ejemplos reales de los muchos casos en los que se vulneran los derechos infantiles a nivel internacional, niños que son reclutados para los conflictos armados, que son obligados a casarse por conveniencia familiar, víctimas de la mutilación genital o sometidos a trabajos forzados en las minas, entre otros. Actualmente, las redes terroristas recurren a la captación y reclutamiento de numerosos niños, como es el caso de las que trabajan para el Estado Islámico (EI). "El niño es especialmente vulnerable en los conflictos armados", ha apuntado el profesor, que ha recordado que "un niño sirio de siete años ha vivido toda su vida inmerso en la guerra y no ha conocido otra forma de vida que la de un conflicto armado". Cárdenas ha dado datos desoladores: en todo el mundo, hay unos 800.000 niños reclutados para conflictos armados y, solo en Siria, más de 250.000 niños están sitiados por la guerra.
Para los expertos en Derecho Internacional y futuros profesionales, como los que había entre el alumnado del curso de la UIMP de Sevilla, el análisis del ponente Cárdenas ha sido especialmente relevante porque ha abordado la casuística a la que se enfrentan los profesionales que trabajan en la defensa jurídica de estos niños. "Su reinserción es muy difícil –ha explicado Cárdenas- porque nada más reclutarlos los obligan a cometer una atrocidad contra algún miembro de su propia comunidad y ya no tienen posibilidades de retornar".
Por la Casa de la Provincia de Sevilla, lugar donde se celebra el curso, han pasado durante dos días conferenciantes de la talla de Rosa Giles Carnero, de la Universidad de Huelva, Beatriz Pérez de las Heras, la Universidad de Deusto, Rafael Rodríguez Prieto, de la Universidad Pablo de Olavide, Francesco Seatzu, de la Università degli Studi di Cagliari (Italia), Wladimeiry Correa da Silva, de la Universidad Loyola de Andalucía y Ana Cristina Gallego Hernández, del Centro San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide. Todos ellos han evaluado los límites que establecen los tribunales internacionales y nacionales en situaciones en las que se potencia la vulnerabilidad del entorno humano como son el cambio climático, la ciberseguridad, la afluencia masiva de personas, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, etc.
Fotografía: UIMP
