Santander.- Juan Antonio Martínez, director general de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y Javier Romero, director de Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de CINTRA, han acudido a la segunda jornada del encuentro Infraestructuras: recuperando un sector estratégico para España, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La jornada ha estado moderada por Eva Jalón, directora de Operaciones Autopistas CCAA y Equipamientos Públicos en SACYR.
El director general de Patrimonio del Estado ha sido el primero en tomar la palabra durante la ponencia El contrato de concesión en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Martínez ha dedicado su intervención al análisis de las principales diferencias entre las disposiciones de Ley de Contratos del Sector Público aprobadas en España entre los años 2003, 2007, 2014 y la que se pretende aprobar a finales de julio. En un escenario sin apenas cambios significativos, el ponente ha destacado algunas medidas aprobadas en 2014 por ser ligeramente innovadoras: “el paquete de directivas de 2014 regula mejor el tema de las concesiones en el ámbito de las administraciones públicas y las entidades que operan en sectores excluidos, y además se introduce el plazo de amortización a cinco años salvo casos extraordinarios”.
Otra de las variantes reseñables es el cambio de terminología que aparece en los cambios legislativos de 2014. Se incluye el concepto “riesgo operacional” como elemento diferenciador entre contrato y concesión siendo necesario que el riesgo recaiga en el concesionario –el empresario en cuestión-para poder hablar de contrato, mientras que se trata de un servicio, cuando es la administración quien se ocupa de ese aspecto. A raíz de esta aclaración Martínez ha apuntado que “en disposiciones anteriores no quedaba tan clara esta diferenciación”.
Romero, antes de abrir el encuentro al turno de preguntas, ha comparado los procesos de licitación y oferta de España con respecto a otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Las principales conclusiones a las que ha llegado el consejero delegado de CINTRA hacen referencia a la poca flexibilidad y la ausencia de litigiosidad en estos procesos en relación a los países mencionados.
Como ejemplo concreto, Romero ha asegurado que en Australia “el concesionario tiene capacidad de renegociar las condiciones del contrato de concesión con la administración, y en ocasiones, la propia administración acepta las modificaciones en lugar de buscar otro adjudicatario”. Un proceso que ha descrito como “más dinámico e interesante”, aunque presenta una dilatación en los trámites burocráticos que nada tiene que ver con la rapidez de España.
Fotografía: Juan Manuel Serrano