Santander.- “Por mucho que tengamos un Estado de Bienestar desarrollado en materia de salud, educación y servicios sociales, si el derecho a la vivienda no se materializa en una política que resuelva los problemas de la demanda, el resto de políticas públicas pierden eficacia”. En El derecho a una vivienda digna en la España actual, el arquitecto, politólogo y profesor Universidad Politécnica de Cataluña, Jordi Bosch, ha ofrecido una perspectiva académica sobre “por qué la vivienda debe ser considerada uno de los pilares del Estado de Bienestar”.
Durante la ponencia La vivienda, punto de escape de eficacia del estado de Bienestar enmarcada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Bosch ha lamentado que “el alcance de la política de vivienda en España es muy débil, se ha acentuado con la crisis y no hay avisos de que se esté reconduciendo”. Algo que a su juicio no es baladí porque la vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho universal con “un impacto determinante en la calidad de vida y bienestar de las personas”.
Uno de los puntos más importantes de su presentación es que hay “una evidencia científica abrumadora” sobre el impacto que tienen las condiciones residenciales en otros aspectos básicos del ser humano. A medida que la exclusión residencial es mayor, el resto de políticas públicas, “por mucho dinero que se les destine y muy planificadas que estén”, se ven afectadas negativamente. “La falta de vivienda digna y adecuada incide negativamente en la salud, en el desarrollo educativo de los niños, en las necesidades asistenciales y servicios sociales de los miembros más vulnerables del hogar”, ha subrayado Bosch.
El politólogo y autor del estudio de la Fundación Alternativas y Fundipax El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo, junto a Carme Trilla, ha resaltado la relación entre el problema de la vivienda y el impacto negativo en la salud de las personas en exclusión residencial que, a su vez, repercute en el gasto sanitario.
Según el estudio del Eurofound Inadequate housing in Europe: Costs and consequences (2006), el total de los costes directos e indirectos del impacto de una vivienda inadecuada en la salud en España supera los 22.350 millones de euros anuales, “uno de los más elevados de toda la UE-28”. Además, se estima que por cada “1,4 euros invertidos en rehabilitación y mejora del parque de viviendas inadecuadas, se ahorrarían 2,2 euros en atención sanitaria” en España, ha indicado.
“Por lo tanto, -ha mantenido el politólogo- unas buenas condiciones residenciales se relacionan positivamente con mayores niveles de bienestar físico y psicológico, y de forma inversa, la vivienda inadecuada se asocia con bajos niveles de salud”.
Y respecto al efecto en el ámbito educativo, destaca que “la evidencia es muy clara” aunque no haya tanta investigación sobre el tema. En concreto, situaciones como la sobreocupación o pobreza energética afectan a “la evolución social y académica de los miembros más jóvenes del hogar con resultados claramente inferiores”, en comparación con una persona similar en unas condiciones de residencia óptimas.
En referencia al panorama de la vivienda en España, Bosch ha resaltado que el escaso alcance de nuestras políticas de vivienda nos ha llevado a una situación límite. “Ante la ausencia de política pública de vivienda, los hogares con bajos ingresos dependen de la ayuda familiar y si no la tienen, sufren procesos de exclusión residencial”. Y advierte que “sin dinero en materia de vivienda, no se puede hacer nada”.
Ante la evidencia de que “el gasto público es necesario para que las políticas de vivienda tengan impacto”, la realidad es que en España el gasto en políticas de vivienda es de un 0,1 % del PIB, mientras en Europa es un 0,6%, según datos del Eurostat en 2015.
“Nuestro sistema de vivienda ha estado dominado por los intereses privados”, una dinámica que, a su juicio, ya era “muy mala antes del estallido de la crisis” que hay que revertir mediante la articulación de “los mecanismos necesarios”. En este sentido, ha propuesto un Pacto de Estado “cuantificado, con seguimiento y financiación” con el objetivo de planificar un modelo de política de vivienda que, ha concluido, “se tarda en construir”.
Fotografía: UIMP 2018 | Esteban Cobo
