Santander.- Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez, consejero del Tribunal de Cuentas, Rafael de la Sierra, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y Rosa María Martín, coordinadora de estudios y programas de la Universidad internacional Menéndez Pelayo (UIMP), han inaugurado el encuentro El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma que arranca esta semana en el Palacio de la Magdalena.
El primero en intervenir ha sido Suárez que, en calidad de director del encuentro, ha introducido algunos de los contenidos que se tratarán en las próximas jornadas. Entre los más importantes ha destacado el análisis de “todos los temas que estén relacionados directa e indirectamente con el Tribunal de Cuentas así como diversos asuntos fiscales que están de actualidad como la corrupción”.
El protagonismo lo ha asumido Álvarez de Miranda, como presidente del Tribunal de Cuentas, quien ha revisado con detenimiento el papel que juega la institución que dirige desde 2012 y ha asegurado que “la sociedad avanzada en la que vivimos se caracteriza por el aumento de las exigencias hacia los dirigentes y el uso eficiente de los recursos públicos”.
Parte de su discurso lo ha dedicado a explicar algunas de las áreas de actuación más complejas del organismo y que a menudo generan cierta confusión en la opinión pública: los solapamientos y las limitaciones que tiene el propio Tribunal. Álvarez de Miranda ha aclarado que “el trabajo que realizamos se desarrolla en coordinación con otros organismos que comparten la lucha contra la mala gestión para perseguir prácticas denunciables y evitar las duplicidades”. Del mismo modo, en lo referente a los límites de actuación, ha reincidido en que la función principal de la entidad es “perseguir las ilegalidades, no juzgarlas, dado que esa competencia corresponde al ámbito judicial”.
Para terminar el acto, el presidente del Tribunal de Cuentas ha aprovechado para compartir sus expectativas de cara al futuro y valorar “el avance significativo de la actividad fiscalizadora y la voluntad por seguir progresando”.
Fotografía: UIMP 2017/ Esteban Cobo
