Santander.- El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, ha participado en la primera jornada del encuentro El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma que se desarrolla en el marco de los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
En su ponencia, titulada La fiscalía del tribunal de cuentas: marco normativo, naturaleza y funciones, Torres Morato ha puesto de relieve la necesidad de establecer unos elementos regulatorios en el ámbito del blanqueo de capitales: “Su inexistencia ha tenido unos efectos demoledores en las crisis bancarias y financieras, como la acontecida en el año 2008 en Estados Unidos. Si no existe una regulación, el capitalismo salvaje puede poner en peligro el sistema financiero”, ha añadido.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ha destacado el equilibro y la transparencia de los datos como “elementos fundamentales para que las instituciones puedan subsistir en un estado democrático”. A su vez, ha alabado el papel de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) de los que ha asegurado que han publicado “una guía que contribuye de manera muy eficaz a que se realice una detección de las actividades ilegales y a que se aplique una correcta fiscalización”.
Además, Torres ha destacado la labor del Tribunal de Cuentas en procesos judiciales como los casos Nóos, Malaya o el de Zona Franca de Cádiz, y se ha mostrado partidario de ampliar “los límites de la jurisdicción contable más allá de las limitaciones impuestas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
En la misma jornada también ha intervenido el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, quien ha abordado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la corrupción.
Holgado Merino ha asegurado que “la corrupción constituye un factor clave respecto a la seguridad y la estabilidad del Estado”. Además, ha insistido, “desvía el principio de equidad hacia los intereses particulares de los corruptos, lo que crea desconfianza entre los ciudadanos por la sensación de impunidad y falta de rendición de cuentas”.
El director general de la Guardia Civil ha recordado que “la corrupción disminuye la capacidad económica del país de modo latente”. De hecho, ha precisado que “el último informe de la Comisión Europea revela que el coste de la corrupción a nivel de la Unión Europea asciende a 120 millones de euros al año”.
Holgado Merino ha recordado que “la Guardia Civil ha realizado más de 500 operaciones y detenido a más de 3.200 personas en los últimos cinco años” en materia de corrupción. Asimismo, ha defendido su labor como “herramienta de control eficaz y eficiente frente a las conductas delictivas”.
Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea Godoy, ha insistido en la necesidad de buscar “un régimen de responsabilidad patrimonial para el Tribunal de Cuentas”. Olea Godoy ha considerado que en esta jurisdicción “nos encontramos con un absurdo porque no se aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto al régimen de responsabilidad, pero sí a su órgano superior, que es Tribunal Supremo”.
Fotografías: Esteban Cobo
