Santander.- La secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ana Plaza; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Instituto de Ingeniería de España, Carlos del Álamo; y el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, han debatido sobre las reformas organizativas que se necesitan en materia de justicia en el marco del encuentro Implicaciones del funcionamiento de la justicia en la Economía que ha organizado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Plaza ha expuesto los problemas a los que los empresarios tienen que hacer frente en materia de regulación, entre los que ha destacado la necesidad de “eliminar el marco normativo que existe en la actualidad”. En este sentido, ha afirmado que los empresarios deberían dejar de preocuparse por el sistema normativo y “dedicar la totalidad del esfuerzo a la creación de riqueza y empleo”. Por ello, propone como medida reducir la legislación y hacerla más eficiente ya que, ha asegurado, “en el año 2016 los empresarios se enfrentaron a más de 900.000 páginas de nueva normativa. Se debe legislar menos y mejor”.
Para Plaza, el Estado debe crear un sistema de coordinación “que no provoque incoherencias en el ámbito regulativo y que conduzca a una unidad de mercado con una misma legislación en el territorio nacional”. Asimismo, ha resaltado la importancia de hacer un uso práctico de la digitalización y tratar de corregir algunos de sus inconvenientes, como el método de notificación online “que deja en manos de la administración la forma de enviar las comunicaciones oficiales a los empresarios cuando muchos de ellos no disponen de los conocimientos necesarios o el acceso a los canales electrónicos pertinentes”.
Ortega, por su parte, ha mencionado algunas de las principales reclamaciones de los abogados. Ha explicado que el Estado debe implementar una nueva oficina judicial, ya que “sigue sin funcionar de forma completa. No se puede seguir con un modelo obsoleto que afecta en la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos”. A continuación, ha presentado algunos medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación: “El Estado debe potenciar su figura, ya que es una forma de otorgar al ciudadano la resolución judicial que reclama”.
Del Álamo ha expuesto las dos peticiones más importantes que desde la ingeniería realizan a la justicia, como son la simplificación de los procesos judiciales y la digitalización. En este sentido, el presidente del Instituto de Ingeniería de España ha destacado los avances que se están produciendo en el uso de las nuevas tecnologías para la resolución de trámites legales, como la firma electrónica, pero ha alertado de “los problemas de seguridad en la red”.
Por último, Pich ha remarcado que es necesario realizar cambios en la gestión judicial: “más allá de los fondos con los que se cuente, es imprescindible saber gestionar correctamente el presupuesto”, ha señalado. Asimismo, ha solicitado “un cambio en la sociedad para que valore la iniciativa privada”, así como una modificación normativa en el país ya que “España es un Estado federal de facto, pero no cuenta con mecanismos de ajuste que articule las diferencias normativas entre territorios”, ha concluido.
Fotografía: Juan Manuel Serrano
