Santander.- El juez del Tribunal General de la Unión Europea, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, el director de los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía de España, Lucas Blanque Rey, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, el letrado del Tribunal General de la Unión Europea y director del encuentro, Juan Ignacio Signes de Mesa y el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Miguel Ángel Casermeiro, han inaugurado el encuentro El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de una unión de derecho, que se está celebrando en la UIMP en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), con la Academia de Práctica Jurídica Europea y con Registradores de España.
Signes de Mesa ha afirmado que “no se exagera cuando se afirma que la UE se comporta como una unión de derecho desde sus orígenes gracias a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los tratados”. En su opinión, el papel del TJUE es una de las piezas que aporta “mayor estabilidad en estos tiempos agitados en lo económico, lo político y lo social”. Así se pone de manifiesto, ha remarcado, “en muchas sentencias en el ámbito de protección de los consumidores, en las de cláusula suelo, en las de reconocimiento del matrimonio homosexual entre los Estados miembro o en el derecho al olvido”.
A continuación, la decana del Colegio de Registradores ha explicado que para los profesionales de su sector “hasta hace poco el TJUE era una entidad muy lejana”, pero, según ha resaltado, la situación cambió con la implantación de la cuestión de prejudicialidad, recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y con la Directiva 93/13. “Estos elementos en conexión hicieron que se iniciara un diálogo muy intenso entre los tribunales españoles y el TJUE, con unas consecuencias prácticas para la sociedad española”, ha apuntado. Y es que, según ha destacado Adán, “son numerosas las sentencias que han incidido en el préstamo hipotecario que han generado resoluciones en cascada en los tribunales españoles”.
Sin embargo, ha subrayado, el TJUE “todavía tiene por delante decisiones muy importantes que de alguna manera van a seguir incidiendo en la vida económica y social de los ciudadanos españoles en el ámbito de la adquisición de las viviendas a través del préstamo hipotecario”. Tal y como ha indicado la decana del Colegio de Registradores, en los próximos meses el TJUE “tendrá que abordar asuntos como las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, los intereses de demora, las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamo Hipotecario (IRPH), la venta de créditos a los fondos buitre, la posibilidad de desahuciar o no a un ciudadano tras haber incurrido en prácticas desleales la entidad crediticia, o los efectos del código de buenas prácticas de la banca”. Así, “hoy más que nuca la actividad de los registradores mira al TJUE”, ha reflexionado Adán.
Por su parte, Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ha afirmado que han existido dos elementos fundamentales en la construcción de la unión de derecho en la que ha participado el TJUE, “uno por acción y otro por omisión”. El primero hace referencia a la lengua francesa, como lengua oficial de este tribunal, “vehículo indispensable para la creación y el desarrollo del derecho de la UE”. Y el elemento por omisión, ha explicado, se refiere a la ausencia del derecho comparado en la construcción del derecho comunitario. “El derecho comparado aparece en las opiniones de los abogados pero rara vez en las sentencias”, lo que, a su juicio, “ha salvaguardado la neutralidad del derecho de la Unión y ha sido fundamental para su aceptación en los 28 Estados miembros”.
Durante la inauguración también ha intervenido Blanque quien ha remarcado que el TJUE se caracteriza por “la seriedad de sus decisiones, su admirable celeridad y notable rigor en la jurisprudencia”. En este sentido, ha afirmado, “nos da bastante envidia a quienes nos dedicamos a la abogacía porque la celeridad de nuestros tribunales dista mucho de la del TJUE”.
La cuestión prejudicial
Posteriormente, el abogado del Estado y agente del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Santiago Jiménez García, ha analizado La cuestión prejudicial como instrumento de diálogo entre el juez europeo y el juez nacional. “No coligamos estados sino que unimos personas”, ha afirmado Jiménez recordado las palabras de Jean Monnet, uno de los considerados padres fundadores de la UE. En esta tarea de integración, ha puntualizado, el TJUE “no solo actúa como un tribunal, tal y como lo entendemos en España, sino que es un auténtico poder legislador y sus resoluciones son fuente del derecho”. Sin su labor, ha destacado, “no se entendería el derecho europeo”.
En cuanto a la naturaleza de la cuestión prejudicial, recogida en el artículo 267 del TFUE, el abogado del Estado ha explicado que su función es “garantizar la validez de interpretación de actos adoptados por instituciones, órganos u organismos de la Unión”. Además, ha añadido, tal y como estableció el propio tribunal en una sentencia de 1988, la cuestión prejudicial busca asegurar “la aplicación uniforme del derecho europeo por órganos jurisdiccionales nacionales, porque las posibles divergencias en cuanto a la validez de actos europeos pueden llegar a comprometer la propia unidad del ordenamiento jurídico europeo y a perjudicar la exigencia fundamental de la seguridad jurídica”.
Fotografías: Esteban Cobo | UIMP 2018
