Santander.- La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y letrada del gabinete técnico del Tribunal Supremo, Susana De la Sierra Morón, ha participado en el encuentro 40 años de Derecho Administrativo postconstitucional, que se está celebrando esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
De la Sierra ha impartido una ponencia titulada Nuevos sujetos y nuevos objetos en el Derecho Administrativo de la Constitución de 1978: las mujeres y la cultura. Así, la profesora ha recordado que la jurisdicción administrativa surge en el contexto político de las revoluciones burguesas, fundamentalmente la Revolución Francesa, “fuertemente vinculada a los valores de libertad, igualdad y fraternidad”. A pesar de esta máxima, ha indicado, “la igualdad y fraternidad son valores que quedan preteridos en el contexto político y jurídico”. Y esto tiene especial reflejo en los protagonistas, ya que “hay colectivos, como los trabajadores, las mujeres y los destinatarios de acciones de beneficencia, que no tienen el protagonismo que sí que tiene el hombre burgués”.
En este momento, ha explicado De la Sierra, surgen nuevas voces que reivindican, principalmente, “el derecho de las mujeres al acceso a la educación en igualdad de condiciones, como punto de partida a la plena integración en el espacio público, político y jurídico”. Es el caso, ha remarcado, de la filósofa y escritora Mary Wollstonecraft, “considerada una de las precursoras del pensamiento político y jurídico feminista”, con su obra Vindicación de los derechos de la mujer, y de Olympe de Gouges quien redactó y publicó la Declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana, frente a la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano en la que demandaba la nulidad de esta constitución por la ausencia de participación de las mujeres.
Otra de las transformaciones producto de la Revolución Francesa “es el cambio en el lenguaje de los derechos” como consecuencia de la aparición de “un nuevo contexto político y jurídico en el que aparecen las mujeres”. Aquí, ha apuntado, surge un “debate sobre si se tiene que feminizar el lenguaje o sobre la revisión de la Constitución española desde un punto de vista lingüístico”, en el que subyace una línea de pensamiento y de acción que “considera que nombrar las cosas en femenino tiene su importancia porque significa colocar algo en el mundo político y jurídico”.
Perspectiva de género
Teniendo en cuenta cómo ha avanzado la agenda feminista desde la Revolución Francesa hasta ahora y cómo ha ido encontrado acomodo en las normas jurídicas, “en muchos casos, en normas de Derecho Administrativo, que es el derecho que disciplina las relaciones entre las instituciones públicas y la ciudadanía”, ha sugerido que “tenemos que reflexionar en torno a la norma jurídica fundamental del Estado, la Constitución”.
En este sentido, ha recordado la Red Feminista de Derecho Constitucional con profesores que llevan muchos años trabajando en una posible reforma de la Constitución, en la que destaca la igualdad. Precisamente, en esta línea, ha avanzado, está dirigida “la propuesta que ha lanzado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de reformar la Constitución con una perspectiva de género”.
En último lugar, la profesora ha señalado que “el marco constitucional es escueto pero da a entender que el constituyente tuvo presente la cultura y, por lo tanto, es un marco suficiente si realmente las instituciones quieren acometer políticas públicas ambiciosas en este sector”. Así, ha resaltado que en la industria del cine, la única con legislación propia, “solo el 15% de los directivos son mujeres cuando estas son mayoría en las facultades de Comunicación y de Cine”.
Fotografía: Juan Manuel Serrano | UIMP 2018
