Santander.- El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, la presidenta de Wolters Kluwer España, Rosalina Díaz Valcárcel, el director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, Juan Pablo Nieto Mengotti, y el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Emilio Lora-Tamayo, han participado en la inauguración de la cuarta edición del encuentro Una justicia de futuro, organizado por la UIMP.
Durante su intervención, el secretario de Estado de Justicia ha apostado por “abrir un diálogo” sobre las cuestiones que más afectan a la Administración de Justicia, con todos los agentes sociales y actores jurídicos para elaborar “soluciones de consenso”. En esta tarea, Dolz ha destacado que el programa del nuevo equipo del Ministerio de Justicia se basa en siete grandes ejes: “la transparencia, la modernización tecnológica, la relación con los actores jurídicos, la perspectiva de género, la memoria histórica, la jurisdicción universal y el acercamiento a la ciudadanía”. Todo ello con el objetivo de “alcanzar una justicia ágil, cercana, independiente, transparente y con credibilidad”, ha añadido.
Asimismo, el secretario de Estado ha remarcado que “el buen funcionamiento de los sistemas judiciales promueve el desarrollo de los mercados financieros y, en consecuencia, de la inversión”, así como “la capacidad de crecimiento de las empresas y el buen funcionamiento del mercado de trabajo”. Y es que, según ha afirmado, “la mayor seguridad jurídica que otorga un sistema judicial avanzado puede llegar a incidir hasta en un 15% en el crecimiento del PIB nacional”. Además, “la mejora de la eficiencia de los procesos tendría un impacto adicional del 1,5% del PIB, tomando como referencia el PIB español de 2017”, ha apuntado.
En relación a una eventual reforma del modelo procesal que otorgue al Ministerio Fiscal la instrucción del proceso, Dolz ha reconocido que “es muy difícil sacar adelante un proyecto de reforma tan radical”. Aunque “si lo logramos llevar al Consejo de Ministros y aprobar un anteproyecto, como se aprobó en 2011 con el gobierno socialista de la época, podemos darnos por satisfechos”, ha remarcado. En este sentido, ha añadido, este tipo de cambio “necesitaría un periodo de vacatio legis muy amplio”.
La orden europea de detención
En último lugar, el secretario de Estado de Justicia ha asegurado que el mecanismo de las euroórdenes “está evidenciando ciertas deficiencias en relación al principio de doble incriminación”, por lo que “tal vez sería conveniente alguna reforma”. Posteriormente, ante los medios de comunicación, Dolz ha ratificado esta postura al considerar el sistema “perfeccionable”, y esto, ha puntualizado, “no quiere decir que el sistema de euroórdenes no esté funcionando adecuadamente, salvo casos excepcionales”. En concreto, el secretario de Estado de Justicia ha indicado que “tal vez habría que ampliar la lista de delitos que suponen la entrega automática”, con el objetivo de “evitar la doble incriminación, que es donde se abre la posibilidad de que surjan discrepancias”. De esta manera, ha calificado de “necesaria” una “homologación de delitos en toda la Unión Europea”.
Asimismo, Dolz ha insistido en que el Gobierno “respeta las decisiones judiciales” y que, en todo caso, la interpretación que se haga de esta normativa corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o a las posteriores reformas “para acomodarlas a las realidades que pueden ir surgiendo de forma sobrevenida, que no se pensaba en ellas cuando se diseñó el modelo actualmente vigente”.
Por otro lado, durante el acto inauguración también ha intervenido la presidenta de Wolters Kluwer España, quien ha destacado que desde dicha entidad trabajan “en pro de la mejora del estudio y del derecho, así como por la mejora de la sociedad a través del conocimiento jurídico”. Por su parte, el rector de la UIMP ha apostado por incorporar las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia para aportar “más agilidad y eficiencia”, ya que “el vertiginoso avance de las TIC ha revolucionado nuestro mundo y la Justicia no puede quedar anclada en aproximaciones que no lo integren”.
Mesa redonda sobre justicia penal
Tras la inauguración ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por Dolz, en la que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández Martínez, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, Jaime Moreno Verdejo, el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Jaume I, Juan Luis Gómez Colomer y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, Javier Zaragoza Aguado, han debatido sobre la posibilidad de un nuevo modelo para la justicia penal.
Fernández ha destacado que en el actual sistema procesal “algunos males de antaño se han convertido en endémicos”, y ejemplo de ello, ha apuntado, “es la duración de la instrucción de las causas penales”. En su opinión, es “loable” que el legislador haya introducido un límite a la duración de las causas penales: “Era absolutamente necesario pero no basta con ello”, porque, según el vocal del CGPJ, “los problemas no se solucionan con la mera promulgación de la ley”. En este sentido, “son necesarios más recursos, un marco organizativo y un marco procesal nuevo, lo cual a su vez exige ese gran Pacto de Estado que se viene solicitando”.
Por su parte, Verdejo ha considerado que el actual tiempo de instrucción es “muy largo” y su modelo es de “mero acopio”, porque “estamos anticipando por escrito el juicio oral”. Por ello, ha apostado por un “cambio en el modelo de instrucción” protagonizado por el Ministerio Fiscal. En este sentido, ha señalado que en la búsqueda de nuevos modelos hay que tener en cuenta que “si no cambiamos culturalmente, aunque cambiemos el juez de instrucción por el fiscal de instrucción todo seguirá igual”, por lo que, en su opinión, “el problema no es quién instruye sino para qué instruye”.
A continuación, Gómez ha expresado que de cara a afrontar un nuevo modelo hay tres posibilidades: “Entender que una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tiene que ser una adaptación moderna de la instrucción; entender que necesitamos una ley completamente nueva, pero teniendo en cuenta los valores jurídicos patrios, o fijarnos en quién lo está haciendo mejor”. Así, el catedrático ha afirmado que “nos falta un poco de rodaje en esta materia”, por lo que ha invitado a reflexionar “sobre lo nuestro o lo de fuera, sin prejuzgar qué es mejor”.
En último lugar, Zaragoza ha valorado tener en cuenta las demandas de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia para obtener un sistema “más ágil y de calidad”. Además, el fiscal ha apostado por una “reorganización del Ministerio Público”, con el fin de “evitar interferencias no justificadas en el trabajo de los fiscales asignados en cada caso”. Por ello, Zaragoza ha animado a “revisar o reflexionar, al menos, sobre la posibilidad que tiene el Fiscal General del Estado de dar instrucciones concretas en cada asunto”, ya que esto, en su opinión, “alimenta la sospecha de intervención del Gobierno”, lo cual viene motivado, ha explicado, porque su nombramiento procede del Gobierno. Así, ha apostado por “abordar alguna reforma estatutaria” en este sentido.
Fotografías: Juan Manuel Serrano | UIMP 2018
