Santander.- Edmundo Bal, jefe del Departamento Penal de la Abogacía General del Estado, Teresa Rodríguez Ramalle, directora del Departamento de Cursos para Extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Jorge Gutiérrez, jefe del Área de Justicia del Banco Santander, han inaugurado el encuentro Corrupción, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública que se celebra en la UIMP.
Durante la inauguración, Rodríguez Ramallo ha comentado la oportunidad de la celebración de este encuentro, por tratarse “desgraciadamente de un tema de extrema actualidad”.
El primero en intervenir ha sido Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, para hablar sobre Los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo en relación con la delincuencia económica, en la que ha abordado desde una perspectiva general las funciones básicas del órgano que dirige y algunas de las dinámicas de trabajo que se aplican en el campo de la fiscalización.
El fiscal ha analizado los procesos de control interno que se realizan desde el Tribunal de Cuentas y que operan con el apoyo de la Administración, aunque ha reconocido que a pesar de los buenos resultados cosechados persiguiendo ilegalidades “las áreas locales –dado el elevado número de ayuntamientos que hay en España- son las que cuentan con un mayor riesgo en la fiscalización, debido a la falta de control en tratos de favor y transferencia de recursos”
Al término de la jornada, Torres ha ilustrado la realidad descrita a lo largo de su discurso con diferentes ejemplos en los que el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades y las ha remitido a la Sala III de lo Contencioso-Administrativo, el órgano con competencia para juzgar estos hechos. Entre las sentencias aludidas destacan la que afectó al Ayuntamiento de Marbella, valorada como un claro “error en las medidas de prevención”, lo que dio lugar a “una intervención demasiado tardía”, y la que se refiere al Caso Nóos, de la que ha recordado que salió a la luz a raíz de otra auditoría que detectó irregularidades en convenios firmados por la Generalitat Valenciana.
Fotografía: Juan Manuel Serrano Arce
