Santander.- Proporcionar una perspectiva histórica sobre la financiación del terrorismo en las últimas décadas, tanto en España, como Irlanda del Norte o Italia, y analizar cómo opera y cómo se persigue la financiación del terrorismo en el momento presente por parte de las Fuerzas de Seguridad. Esos son los ejes principales del encuentro La financiación del terrorismo, que se ha inaugurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado en colaboración con el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Una inauguración que ha contado con la presencia de Sonia Ramos, directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Daniel Portilla, concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia del Ayuntamiento de Santander, Florencio Domínguez, director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Raúl López Romo, director del encuentro y responsable del Área de Educación y Exposiciones del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y Emilio Lora-Tamayo, rector de la UIMP.
Durante el acto, Ramos ha asumido como necesario impedir la financiación de las organizaciones terroristas "para prevenir y evitar que puedan llevar a cabo sus actividades”, y también ha señalado que prevenir en todos los campos se ha consolidado como “un pilar fundamental en la lucha antiterrorista”. Para este cometido, la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo ha indicado que la experiencia internacional evidencia “la necesidad de incrementar la colaboración policial y judicial, clave en el ámbito de la financiación terrorista por su carácter transnacional”.
Asimismo, Ramos ha recordado que la Audiencia Nacional ha establecido el 7 de octubre del 2020 como fecha para la prescripción de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil impuestos a los miembros de organizaciones terroristas, tras hacer alusión a las últimas operaciones de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, donde se requisaron bienes a 50 exreclusos de ETA para pagar ocho millones a sus víctimas –“una tarea fundamental para el reconocimiento y la memoria que merecen", ha precisado-.
Finalmente, Ramos ha explicado que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas, que pertenece al Ministerio del Interior, asume funciones en materia de embargos a través de “una unidad que posee una aplicación informática que aglutina y relaciona información en colaboración con la Audiencia Nacional, Hacienda e Instituciones Penitenciarias”, ha finalizado.
Declaraciones a los medios
Tras el acto inaugural, Domínguez ha atendido a los medios, donde ha subrayado que el encuentro, además de en la financiación del terrorismo, se detendrá en escuchar a los voces de quienes han sido víctimas. “Nos parece importante que al hacer la historia del terrorismo que hemos vivido en España, se cuente con ellas y estén presentes al reconstruir esta etapa de violencia”, ha definido.
En lo relativo a la financiación, el director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo ha expuesto que la experiencia que tiene su institución es que, al menos en España, “la decadencia del terrorismo de ETA, a partir de los años 2001-2002, coincide con una menor disponibilidad de fondos económicos”, por lo que ha sentenciado que “esa escasez económica acelera su declive como grupo violento. Es decir, son dos fenómenos que van en paralelo y se retroalimentan”. Asimismo, Domínguez ha reconocido que en el terrorismo actual, como el del Estado Islámico, investigar y frenar la financiación constituye “un capítulo difícil”, debido a que “normalmente son movimientos ocultos que se realizan en la clandestinidad”.
Preguntado por las acciones de embargo de los bienes de los etarras condenados para asumir la responsabilidad civil que tienen, ha reconocido que “es un procedimiento legal y complejo”, porque muchos antiguos terroristas, para eludir dichas responsabilidades, “no declaran sus ingresos o trabajan en B”. Esto, ha dicho, “obliga a la Administración a tener que realizar tareas de investigación”.
En este sentido, Domínguez ha reconocido el esfuerzo de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas, Hacienda y Audiencia Nacional, para llevar a cabo estos embargos. “Durante mucho tiempo en el pasado eso no se hizo por la dificultad de seguir la evolución financiera de quienes han sido condenados y ahora se ha vuelto a reactivar”, ha declarado, pero ha recordado que al fin y al cabo “estas actuaciones forman parte del cumplimiento de la legalidad, y todo lo que sea cumplir con la legalidad es positivo”.
Para finalizar, el director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo ha tratado la disolución anunciada por ETA, y lo que su institución exige una vez cerrado el conflicto armado. “Por parte de los exmiembros de la organización lo que falta es un reconocimiento ante la sociedad de la ilegitimidad de su actuación. Estuvieron combatiendo al Estado de Derecho durante décadas y tienen que hacer una autocrítica de su pasado terrorista, ha concluido.
Fotografía portada: Esteban Cobo | UIMP 2018
Fotografía texto: Juan Manuel Serrano | UIMP 2018
