Santander.- Con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española y, por lo tanto, de su Artículo 47 -el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada»-, el portavoz de la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH), Francisco Morote, ha recordado la parte que “mandata a los poderes públicos a evitar la especulación y esa que casi todo el mundo olvida”. Esta y otras reflexiones se han abordado en El derecho a una vivienda digna en la España actual de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Durante la jornada inaugural de este encuentro, Morote ha denunciado que “en España el acceso a la vivienda solo depende del nivel de renta. Es decir, si tienes renta puedes alquilar o comprar pero, si no tienes, no hay vivienda social ni parques públicos, como ha comentado también el Defensor del Pueblo en funciones (el socialista Francisco Fernández Marugán)”.
El Defensor ha intervenido durante la mesa redonda de la mañana en la que también ha participado el director del curso y presidente de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Jerónimo Escalera, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, y el catedrático de Estructura Económica de la UAM y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ramón Tamames.
Durante su ponencia, Morote ha hablado sobre la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que recoge las demandas de la ciudadanía para acabar con la emergencia habitacional y la especulación del derecho a la vivienda. Pendiente de llegar al Pleno del Congreso tras permitir su trámite el nuevo Gobierno del PSOE, esta propuesta de Ley de vivienda reúne, entre otras, la Dación en Pago Retroactiva, fruto de “una legislación injusta e ilegal según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.
Además, incluye “la paralización de los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional”, instrumentos para “combatir la burbuja de alquiler como el índice de referencia de precios” y la demanda de suministros básicos garantizados, para que cualquier familia tenga acceso a agua, luz y gas, y así enfrentar “el tema de la pobreza energética”, ha explicado Morote.
A la hora de buscar responsables por la carencia de viviendas sociales, a su juicio, se produce una especie de “esquizofrenia” entre las administraciones que “tiran balones fuera”. Un círculo vicioso que obvia que “la vivienda es un derecho humano y hay que afrontarlo”. Pese al atisbo de “cambio en el Gobierno actual”, Morote solicita más “medidas de choque contra la burbuja de los precios” porque considera “insuficiente y lento” un cambio que, entre otras medidas, propone crear 20000 viviendas sociales en cuatro años. Algo con lo que “no solucionarán el problema”.
Desde la PAH proponen una reforma fiscal en el tema de la vivienda que incluye, entre otras medidas, que el régimen fiscal propio de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), que las exime de pagar impuesto de sociedades, se revierta. Asimismo, solicitan el gravamen para que las casas “injustificadamente vacías de los grandes tenedores de vivienda salgan al mercado”.
Con vehemencia, el portavoz de la PAH ha insistido en que “sin la creación de un parque público de viviendas y un índice de referencia que sirva para frenar los precios del alquiler, la burbuja no solo no va a parar sino que va a seguir creciendo”.
Sin embargo, en lugar de la creación de un parque público de viviendas, por la problemática de la financiación y el endeudamiento que acarrearía para los ayuntamientos, el concejal del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, ha considerado preferible la fórmula de “alquiler con opción a compra de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), en el que un 80% de esas mensualidades se descuenta del precio de compra”.
Análisis de las VPO
Mientras, en la mesa redonda de la mañana el Defensor del Pueblo ha enunciado los ingredientes del problema de acceso a la vivienda que sufre la sociedad española. La salida de la crisis está produciendo “cambios en el mercado de la vivienda” y en particular en el régimen de tenencia. Las condiciones laborales, los salarios y el esfuerzo necesario para acceder a la vivienda determinan el cambio de tendencia hacia el alquiler, cuyos precios se han elevado “considerablemente”, ha explicado.
“Desde que estalló la burbuja inmobiliaria las entregas de VPO cayeron alrededor del 90%” y en 2017, se entregaron “las llaves de 4938 pisos sociales en toda de España. El 9,2% de todas las viviendas terminadas”, ha detallado Fernández Marugán, una realidad “injusta y dura” exponente de “algo significativo” sobre la orientación de las políticas en el ámbito de la vivienda, ha dicho.
Para el Defensor, aunque la Encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente a 2017 indica que el 20% de los hogares con menor gasto destinan a la vivienda y a sus servicios “el 40% de su presupuesto” y la población demanda VPO y Vivienda de Promoción Pública (VPP), la desaparición de ambas es un elemento característico de la política de vivienda en España.
Durante su turno, Fernández Marugán ha enumerado los rasgos del problema: los precios de venta de mercado de las viviendas son elevados (“en España la vivienda es cara”), los alquileres son altos en relación con la renta disponible de numerosos hogares, el número de viviendas de alquiler es de los más bajos de Europa y el nivel de gasto público destinado a ayudas al acceso a la vivienda es reducido. Y por último, las disponibilidades de viviendas sociales, por parte de las administraciones territoriales, son “relativamente, escasas”.
Ante esto “los poderes públicos dan una respuesta escasamente comprometida”, ha señalado. Afirmación basada en el estudio El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo de Carme Trilla y Jordi Bosch, este último ponente en la segunda jornada del encuentro.
Según este estudio, los fuertes ajustes presupuestarios han socavado la de por sí “débil política de vivienda pública española” que ha alcanzado mínimos históricos puesto que la finalización de vivienda protegida se desplomó, en comparación con la vivienda libre, del 40 % en 2012 al 9,2 % en 2017. “Ante la demanda de vivienda pública la realidad es que hoy hay menos oferta que la existente años atrás”, ha lamentado.
Para encarar adecuadamente estos problemas, Fernández Marugán ha celebrado la manifestación del actual Gobierno de intervenir en el mercado mediante un abanico de medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables, entre otras. Todo ello para abordar “un periodo de retroceso en política de vivienda que nos ha conducido a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como la vivienda”, ha concluido el Defensor.
Por último, en la mesa redonda ha intervenido Tamames que ha ofrecido una perspectiva histórica del tema desde los años de la “alegría en los que todo giraba en torno a la construcción”, en referencia a la crisis económica (2008-2014), hasta la actualidad.
Inauguración del encuentro
El secretario general de la UIMP, Miguel Ángel Casermeiro, y Escalera han comentado la relevancia del tema por ser de “rigurosa” actualidad y estar inmerso en “un cambio de tendencia” con el Plan de Vivienda del nuevo Gobierno. Desde la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, que preside el director del encuentro, consideran “insuficiente para dar solución al problema” la propuesta del presidente del Gobierno de más protección en los alquileres, tan presente en esta primera jornada del curso.
Fotografía portada: UIMP 2018 | Esteban Cobo
Fotografía texto: UIMP 2018 | Juan Manuel Serrano
