Santander.- El científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José Fernández Albertos, ha intervenido en el encuentro La gobernanza fiscal en países descentralizados que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha analizado las instituciones de gobernanza fiscal en España.
Albertos ha destacado que el sistema español se encuentra basado en unas reglas “muy exigentes, sobre todo a partir de 2012”. De manera que, como muestra un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, “nuestro modelo posee una dependencia mayor hacia las reglas que el sistema europeo”. En su opinión, esto “no es necesariamente malo pero genera muchos costes”.
Respecto a la indisciplina fiscal, ha considerado que hay dos formas de resolver el problema: “Dar mucha autonomía y confiar en que los votantes y los mercados disciplinen a las entidades subnacionales” o “atar a estas entidades al gobierno en un orden rígido y jerárquico”.
Respecto al caso español, ha reconocido que “es particularmente complejo”, ya que “no solo tiene asimetrías económicas”, sino también “políticas”, “característica que precisamente nos hace diferentes”, ha apuntado. Asimismo, Albertos ha señalado que “hay una realidad inevitable y es que en España no hay una heterogeneidad de preferencias de los electorados regionales, por sus características sociales, culturales y económicas”. De ahí, también “los problemas de gasto que se generan para las comunidades autónomas”.
Además, Albertos ha explicado que en el sistema de gobernanza fiscal español hay “muy poca participación de los entes subnacionales”. Esto se traduce, ha resaltado, en “poca influencia en las decisiones sobre reglas y poca coordinación horizontal de las comunidades autónomas, a diferencia de lo que sucede en los sistemas federales más puros”. Ante esta situación, Albertos ha considerado que “el camino más prometedor en términos de reformas de gobernanza fiscal es invertir en nuevos mecanismos de gobierno compartido”. No obstante, como ha admitido, “hay obstáculos a la reforma”, habitualmente catalogados como “reticencias burocráticas” o “falta de voluntad política”.
Pero “¿qué hay detrás de esto?”, ha cuestionado. A su modo de ver, “hay poca fluidez horizontal entre las administraciones, altos funcionarios demasiado atrapados en sus niveles de gobierno, decisores políticos con carreras muy dependientes de lo que ocurre a nivel nacional, así como la percepción de que el modelo actual es estable”. Aun así, ha concluido Albertos, “existe un espacio para reformas políticamente viables que contribuyan a ir en la dirección de un gobierno más compartido”.
Crédito UIMP 2017 | Juan Manuel Serrano
