Santander.- La correcta evaluación del profesorado mediante unos criterios más cualitativos que cuantitativos; una comunidad universitaria que no absorbe a todos los acreditados, tanto catedráticos como profesores titulares, y cómo se percibe la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) desde las propias universidades, han sido algunos de los temas presentes en la mesa redonda del encuentro ANECA en el horizonte 2020: una Agencia de Evaluación al Servicio de la Comunidad Universitaria Española.
La segunda sesión ha contado con una reflexión múltiple sobre la evaluación del profesorado a través de las experiencias de César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Natividad Navalón, presidenta del Comité Asesor 10 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), José Carlos Gómez Sal, exrector de la Universidad de Cantabria, y Álvaro Gutiérrez Berlinches, director de División de Evaluación de Profesorado de la ANECA.
Al analizar una de las funciones de la agencia, la evaluación del profesorado, los ponentes han encontrado puntos de unión y divergencia en sus exposiciones. Tras un análisis de la transformación de la ANECA en organismo autónomo del Ministerio de Educación en 2016, el rector de la UIMP ha explicado su función como responsable de evaluar a los candidatos ya que su incorporación a las universidades depende de otros agentes: “el resto de los avatares en la incorporación a las plazas de los profesores no depende de este organismo. Sí depende de la ANECA, y esto es reciente, la evaluación de los sexenios (un complemento de productividad)”.
Según Nombela, entre 2007 y 2015 se plantearon los procesos de evaluación para lograr ser acreditado como catedrático o profesor titular “en función de una cuantificación de méritos”. Desde que se creó la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), sin limitación de acreditaciones favorables, la evaluación ha sido superada por unos 8600 catedráticos y 17000 profesores titulares, que ha dado como resultado una bolsa de acreditados sin plaza de 4500 catedráticos y 7900 profesores titulares. “Esto no es una situación que tenga mucho sentido, al margen de que la ANECA no sea culpable, y supone que el sistema de selección de profesorado no es el adecuado si ocurren estas cosas”, ha señalado.
En este sentido, el rector ha considerado esta situación del profesorado y el acceso al mismo en España como un sistema “excesivamente endogámico”. Es decir, las posibilidades de acceso a “un puesto permanente como docente, son del orden del 90%, en la universidad en la que se ha trabajado o de la que se procede. Un sistema insatisfactorio que requiere de una reforma que no se ha planteado”, ha afirmado.
El futuro, a su juicio, depende de que la evaluación se convierta en “un trabajo eficaz de selección del personal parecido al que sería hecho desde una consultora de derechos humanos, acorde al perfil, no a un procedimiento estándar cuantitativo mediante un comité de evaluación adecuado para la selección del profesorado”.
Por su parte, Navalón ha definido la ANECA como el espacio donde coinciden profesores e investigadores procedentes de diferentes universidades españolas y se ponen al servicio de la comunidad universitaria, “un lugar vivo” y “cambiante que evoluciona porque se adapta a la realidad social universitaria”. Además, la ha definido como la base de datos más importante del profesorado universitario español: “la sede donde se cuida y se mantiene la llama del Olimpo, ligado al mito de Prometeo, el lugar donde se preserva la base de toda cultura y el progreso técnico”.
La presidenta del Comité 10 del CENAI ha considerado que este tiene “una responsabilidad con los profesores porque evalúa la relevancia en la producción, difusión y repercusión de sus investigaciones”. Y en este sentido, ha señalado que en todas las áreas el elemento esencial no puede ser la publicación de artículos: “Los méritos deberían ser más afines al perfil profesional que va a ser evaluado”. A su juicio, merece la pena reflexionar sobre esto, porque “las áreas de Bellas Artes tenían muy difícil aprobar un sexenio”.
Navalón ha indicado que están en pleno proceso de “intentar iniciar el programa de acreditación ‘Academia’ con las modificaciones y mejoras que se han hecho y que son muchas”. Este nuevo sistema de evaluación cuenta con veintiuna comisiones “más cercanas al ámbito científico y académico de cada uno de los solicitantes y que tiene en consideración la trayectoria investigadora del profesor, su recorrido y la relevancia de sus aportaciones. Más que el número de publicaciones”.
Por último, Gómez Sal ha hablado desde una posición crítica sobre la ANECA: “un organismo necesario que debe cumplir una función fundamental dentro de la comunidad universitaria. Sin embargo, es evidente que hay una serie de tensiones dentro del sistema universitario”. Por ello, ha indicado que se trata de “un momento de reflexión profunda sobre el profesorado universitario y en concreto del mal uso que se hizo de la figura del profesor laboral”.
Además, ha recordado que “la ANECA surgió por el Plan Bolonia para la adecuación del sistema universitario español al europeo para el que luego se crearon nuevas funciones para perpetuarse”. Entre ellas, el tema de la evaluación del profesorado: “los sexenios fue un avance importantísimo a la hora de la delimitación de la actividad investigadora aunque actualmente estamos llegando a una situación complicada”. Y es que, para el exrector de la UC, las universidades necesitan para sus plantillas “poder contratar a las personas que más cualidades tengan, y aquí entra el tema de la autonomía”. Respecto a la “bolsa enorme de acreditados”, ha reconocido estar de acuerdo con el rector de la UIMP y, ha señalado “el problema grave de envejecimiento de las plantillas universitarias”.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha sido creado por el artículo 8 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, procedente de la conversión de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en organismo público, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.
Fotografía: UIMP 2017 | Juan Manuel Serrano
