Santander.- La directora de Impuestos Indirectos y de Administración Tributaria de la Comisión Europea, María Teresa Fábregas, ha participado en el encuentro Prevención y lucha contra el fraude fiscal en España, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que ha tenido lugar en el Palacio de la Magdalena.
Durante su intervención, Fábregas ha recordado la importancia económica del impuesto del IVA ya que el año pasado un 18% de la recaudación fiscal del continente europeo provino de ese impuesto. Sin embargo, ha manifestado que es necesario “recaudar el IVA como se tiene que recaudar”, además de instaurar una aplicación de impuestos “igual y del mismo modo a nivel europeo”, ya que se realizan fraudes a la hora de aplicarlos.
Estas malversaciones, según ha explicado la directora de Impuestos Indirectos y de Administración Tributaria de la Comisión Europea, se pueden observar en la brecha de 150 mil millones de euros anuales que existe entre los ingresos previstos y los ingresos reales del IVA recaudados a nivel europeo. Además, ha señalado la existencia del fraude transfronterizo “provocado por los distintos sistemas de impuestos que existen en los países y que genera una pérdida anual de más de 50.000 millones de euros”.
Como ha mostrado la ponente, estas causas son las que han hecho que la Comisión Europea lanzase en la primavera de 2016 un plan de acción “para crear un territorio único de aplicación del IVA en la Unión Europea”. Fábregas ha explicado que esta publicación ha sido creada a través de propuestas de la Comisión, algunas adoptadas y otras no: “En algunos casos luchan contra el fraude y en otros simplifican reglas para que las empresas puedan operar de un modo más competitivo dentro del marco de la UE y reducir sus costes”.
Estas legislaciones, ha indicado Teresa Fábregas, afectarían entre otros a la venta online, al comercio electrónico y al mercado interior, introduciendo el concepto de “ventanilla única” (para que los prestadores de servicios lleven a cabo los procedimientos y trámites a que están obligados en cada Estado miembro, para acceder a una actividad de servicios o para ejercerla), que facilita las ventas entre empresas europeas. Además, ha señalado que están trabajando en crear una propuesta legislativa sobre los datos de pagos “para que las autoridades tributarias puedan contrastar datos y detectar a quienes no cumplan con la ley”.
Fotografía: Esteban Cobo | UIMP 2018
