Santander.- El Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño, ha participado en el encuentro El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma que se celebra estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), dentro del programa de los Cursos Avanzados de Verano.
En una ponencia dedicada a La jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Supremo en los juicios de responsabilidad contable y en los juicios de cuenta, Tolosa ha recordado que el Tribunal de Cuentas “tiene una doble naturaleza: por un lado su carácter de órgano constitucional, en cuanto que es dependiente orgánicamente de las Cortes Generales para las labores de fiscalización, de modo que el control de dicha actividad queda excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y por otro, su naturaleza jurisdiccional”.
El magistrado ha destacado que el Tribunal Supremo “ha sido muy claro al declarar que a la jurisdicción contencioso-administrativa solo le corresponde la actividad propiamente jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, quedando fuera de su control la actividad de fiscalización de las cuentas”.
En relación al control casacional de las resoluciones del Tribunal de Cuentas ha señalado que “es una cuestión compleja por un defecto de técnica legislativa o, incluso, de déficit de atención del legislador, porque se olvidó de la existencia de este recurso y mantuvo las previsiones de remisión que existían en la regulación antigua mediante el mero mecanismo de cambiar el número del precepto”. Tolosa ha explicado que “esa imprecisión no había planteado ningún problema hasta 2015, cuando la casación administrativa cambia de modelo, y ahora la cuestión se encuentra en saber cómo actuar entre un modelo basado en el viejo sistema y el nuevo”. Asimismo, el magistrado ha apuntado que la nueva casación autonómica en el ámbito contencioso-administrativo “ya está causando unos problemas gravísimos que son los mismos que se van a producir en el ámbito del Tribunal de Cuentas, porque nadie sabe a qué atenerse”.
Respecto a esta situación, Tolosa ha considerado que “una norma procesal que está llamada a introducir un principio de seguridad jurídica que permita el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede estar sometida a cuestiones de esta naturaleza. Es sumamente grave como para que el legislador tome una decisión en esta materia, y no sea la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como ha sucedido hasta ahora”, ha concluido.
Fotografía: Juan Manuel Serrano
