Sevilla.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebra en Sevilla el curso Discapacidad e integración, en colaboración con la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), y dentro de su programación de los Cursos de Otoño 2018. Dirigido por Elisa Chuliá, la máxima responsable de los Estudios Sociales de Funcas, en el curso se están abordando las principales necesidades de las personas con discapacidad en España, así como los últimos datos publicados en torno al panorama nacional de la discapacidad.
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 es la norma fundamental a la que recurren los especialistas para analizar el estado actual de las personas con discapacidad. Sin embargo, la directora Chuliá resaltó que, a dos años de concluir el plazo establecido, “solo se han cumplido 19 de los 96 puntos de implementación recogidos en dicha estrategia”.
Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los analistas es el desfase de cifras. A pesar de que las estadísticas que manejan los expertos hablan de 3,4 millones de personas discapacitadas en España (7,3% de la población total), lo cierto es que para Chuliá, la cifra real asciende a más de 4 millones. “La discapacidad carece de una alta visibilidad pública, entre otras razones, porque muchas personas afectadas por ella no presentan signos manifiestos, y otras, las que sufren las discapacidades más graves, desarrollan buena parte de su vida de puertas adentro de su hogar”, afirma la directora.
Chuliá quiso también poner sobre la mesa la necesidad de elevar el gasto en protección social que se realiza desde las administraciones públicas. “España destinaba en 2015 unos 380 euros por persona, muy lejos de los 650 que destina Francia, los 800 de Alemania o los más de 1000 de los países nórdicos”, informó la coordinadora del curso.
Las jornadas, que cuentan con la participación de estudiantes y profesionales de las áreas de humanidades, psicología, ciencias de la educación, profesionales del ámbito social, incluidas las personas con discapacidad, y familiares con interés por la integración social, también han contado con la intervención de la patrona de la Fundación Crisálida, Teresa Silvestre. La experta recordó los obstáculos que han sufrido las personas con discapacidad a lo largo de la historia en nuestro país, poniendo en valor cada uno de los logros conseguidos, entre ellos, el último: que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Y es que todavía, a día de hoy, se deniega el acceso a personas con síndrome de Down en hoteles, se discrimina a alumnos con Asperger en institutos o empresas como Ryanair, que según Silvestre, “practica una conducta permanente de discriminación hacia las personas con discapacidad”. Para la ponente, “hacen falta condenas penales que creen jurisprudencia en esta materia”.
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Malo, ofreció datos reveladores en cuanto a la empleabilidad de las personas con discapacidad. Entre ellos los que se refieren a los jóvenes con discapacidad (de entre 16 y 24 años): un 14% son analfabetos, frente al 0,1% de los que no tienen discapacidad; y solo el 3% tienen estudios universitarios, ante el 13% entre los jóvenes sin discapacidad. Y, concretamente, sobre el mercado de trabajo, Malo reveló que mientras un 78% de las personas sin discapacidad están en activo (un 62% de ellas empleadas), la tasa de actividad de las que tienen alguna discapacidad desciende al 35% (y solo el 25% con empleo). “Está claro que el problema está en la actividad, en el acceso al empleo”, insistió el profesor, que se mostró también preocupado por la inexistencia de evaluaciones para saber si los incentivos monetarios que se ofrecen a las empresas para la contratación de personas con discapacidad, son realmente efectivas o no.
Asimismo, Miguel Ángel Malo enumeró los principales motivos de discriminación laboral que sufren las personas con discapacidad: por prejuicios, es decir, “más dificultades cuanto más visible es la discapacidad”; por falta de información por parte del empresario contratante, y por desconocimiento de la discapacidad del trabajador, pues si no genera limitaciones no debería haber discriminación salarial.
El mayor reto para Malo no está en el empleo público, sino en que “la empresa privada ordinaria se ponga a contratar a personas con discapacidad”. Como ejemplo de una empresa social que contrata a personas con discapacidad se invitó al responsable de campo y molino de aceite de la cooperativa L’Olivera, Pau Moragas, que explicó cómo ha conseguido levantar su negocio para que fuera productivo y superar la crisis económica que tanto ha afectado al sector empresarial.
Para Chuliá, “todavía queda un largo trecho por recorrer hasta garantizar la máxima inclusión posible de las personas con discapacidad en los ámbitos educativo y laboral, pues solo una de cada cuatro personas de 16 a 64 años con discapacidad estaba empleada en 2016, una proporción que apenas ha mejorado en estos últimos años”.
La mayoría de los expertos insisten en que una de las necesidades más urgentes de las personas con discapacidad en España es la reforma de la legislación, que data de 1999, el aumento de su protección social y combatir la violencia de género, entre otras cuestiones.
Fotografía: UIMP Sevilla
